Los informes alternativos de derechos humanos constituyen un ejercicio profundamente significativo de producción de conocimiento desde los territorios. Su elaboración participativa representa un esfuerzo por construir diagnósticos y propuestas desde el territorio, con el propósito de fortalecer las acciones conjuntas orientadas a la defensa de la vida, el gobierno propio y la protección del territorio.
Son tres informes que responden a las necesidades de las comunidades del Chocó geográfico y de los cuatro departamentos que conforman la región. Expresan las prioridades, preocupaciones y resistencias de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Informe alterno DESCA regional de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC), con enfoque diferencial étnico sobre la región Pacífica, entre 2018 y 2025:
https://ddhhcolombia.org.co/2025/09/22/territorio-de-etnias-edicion-especial-informe-alterno-desca-capitulo-pacifico/
Informe nacional de derechos humanos “El desafío del cambio. ¡La disputa continúa!”, un balance del tercer año de gobierno Petro y Márquez en materia de derechos humanos, paz y democracia:
https://informesderechoshumanos.com/wp-content/uploads/2025/09/El-desafio-del-cambio-final-2025.pdf
Informe alterno DESCA nacional, sobre la situación nacional entre 2018 y 2024, construido por 150 organizaciones de la sociedad civil:
https://ddhhcolombia.org.co/wp-content/uploads/2025/10/Informe-Alterno-version-web.pdf
Diagnóstico territorial
Durante la presentación de los informes se evidenció que los tres documentos coinciden en su lectura crítica del contexto actual del país, enmarcado en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Hoy en Colombia, los grupos armados ilegales tienen presencia en 790 municipios, lo que equivale aproximadamente al 71 % del territorio nacional, reflejando la persistencia y expansión del conflicto armado.
Durante los primeros ocho meses del tercer año de gobierno se registraron 385 agresiones contra liderazgos sociales, de las cuales 110 fueron asesinatos.
Entre agosto de 2024 y abril de 2025 fueron asesinadas 637 mujeres por feminicidio.
En lo corrido de 2025 se documentaron 47 asesinatos de personas LGBTIQ+.
Entre enero y agosto de 2025 se contabilizaron 60 masacres con un total de 204 víctimas.
Entre enero y mayo de 2025 el país registró 77 719 personas desplazadas forzosamente, lo que equivale a 521 víctimas de desplazamiento por día.
312 personas fueron víctimas de secuestro durante 2024 y 338 en lo corrido de 2025 (hasta agosto).
Para entender los impactos de la situación del país en la zona del Pacífico, los informes sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) adoptan un enfoque diferencial étnico y buscan visibilizar la situación de pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes a través de sus propias voces y análisis, confrontando la información oficial con su realidad territorial.
La CRPC investigó durante dos años para incluir una perspectiva diferencial que se centra en las particularidades y desafíos de los pueblos indígenas y comunidades negras y afrodescendientes de la región Pacífica. Fue elaborado por las propias organizaciones étnico-territoriales, lo que asegura que la información refleje la realidad vivida desde sus territorios y su conocimiento ancestral.
Factores estructurales de la crisis
Estos informes alternos sirven como contrapeso a los informes oficiales del Estado, presentando una perspectiva crítica y aportando datos y análisis que pueden no estar incluidos en los documentos gubernamentales. A pesar de ciertos avances en materia de reconocimiento cultural y participación social, se identifican cinco factores estructurales que explican la persistencia de la crisis de violencia y desigualdad en la región:
- La persistencia de las desigualdades, reflejada en la exclusión histórica de los pueblos afro, indígenas y campesinos, y en la concentración de la riqueza.
- El modelo económico basado en el extractivismo, que continúa priorizando la explotación de los recursos naturales sobre la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades.
- La pobreza y el hambre, que afectan de manera alarmante a las poblaciones rurales y urbanas: cerca del 30 % de la población sufre inseguridad alimentaria, lo que convierte el hambre en un problema estructural y cotidiano.
- El conflicto armado y la no implementación integral del Acuerdo de Paz, que se expresa en la expansión de grupos armados ilegales presentes hoy en el 71 % de los municipios del país, generando desplazamientos, amenazas y nuevas formas de control territorial.
- El narcotráfico, que sigue siendo un eje articulador de la violencia, la corrupción y la estigmatización de las economías campesinas.
A estos factores se suma una crisis educativa profunda, evidenciada en los altos índices de deserción escolar: cada año cerca de 300 000 estudiantes abandonan el sistema educativo, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y limita las posibilidades de transformación social en las regiones más afectadas por el conflicto. En el Pacífico persisten carencias en infraestructura escolar, baja cobertura en zonas rurales y falta de pertinencia cultural y étnica de los currículos.
Se señala que persisten procesos de despojo, amenazas al territorio y debilidad en los mecanismos de protección de los derechos territoriales colectivos. Además, el informe registra que las comunidades étnicas de la región sufren afectaciones al derecho al agua, al saneamiento y a un ambiente sano, en parte por infraestructuras públicas insuficientes, intervenciones extractivas, cambio climático y deficiencias de participación comunitaria.
En particular, se advierte que los proyectos de explotación de recursos (minerales, forestales, energéticos) tienen impactos desproporcionados en territorios colectivos, generando amenazas a la vida, al tejido comunitario y a la conservación de saberes ancestrales. En materia de salud se destaca una doble brecha: por un lado, la mortalidad, morbilidad y acceso deficiente a servicios de salud; por otro, la invisibilidad de modelos de salud intercultural adaptados a sus realidades étnicas.
Esperanzas y caminos de paz
Lejos de quedarse en el diagnóstico, los informes ofrecen recomendaciones concretas para avanzar en la construcción de paz y justicia social. Subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobierno propio, reconocer nuevos derechos emergentes, como el derecho al buen futuro, y garantizar que el Estado adopte políticas públicas con enfoque territorial y diferencial.
Asimismo, insisten en la urgencia de que el Estado convoque una Comisión de la Verdad que esclarezca hechos recientes, como los ocurridos durante el paro nacional, y que profundice en los impactos del conflicto sobre la niñez.
La paz en Colombia no depende únicamente del desarme de los grupos armados, sino también de las acciones cotidianas y colectivas que se desarrollan en los territorios. Se construye con la participación activa de la sociedad, de las comunidades, de las instituciones educativas y culturales, y de la ciudadanía en general.
Las recomendaciones de los informes alternativos no se dirigen únicamente al Estado o al gobierno, sino también a la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y las instituciones que tienen la responsabilidad de contribuir, desde sus propios ámbitos, a la transformación social y al fortalecimiento de la paz territorial.
Los informes subrayan que la participación efectiva de las comunidades étnicas en la toma de decisiones, en los espacios de rendición de cuentas del Estado y en la gestión de sus territorios es clave. Se reconoce un avance normativo y de políticas públicas, pero se advierte que la implementación es débil, falta coordinación interinstitucional y los mecanismos de garantía no siempre alcanzan las zonas más afectadas del Pacífico.
Se destacan ejemplos de autogestión comunitaria, liderazgos locales que reivindican sus derechos e iniciativas de conservación del territorio y de economía étnica, que pueden servir de modelo para políticas públicas con enfoque diferencial. Como propuestas clave figuran la necesidad de titulación y reconocimiento real de los territorios colectivos y el fortalecimiento de la gobernanza étnica y territorial.
La palabra como resistencia: para que hacer informes alternativos
Un punto clave del debate fue la necesidad de reconocer los saberes, lenguas y expresiones culturales propias de las comunidades del Pacífico, elementos que suelen quedar fuera de los informes institucionales de derechos humanos. La cultura, entendida como forma de resistencia, es también un derecho que requiere políticas públicas de protección y fomento.
Estos esfuerzos por elaborar informes alternativos de derechos humanos resultan fundamentales porque logran visibilizar realidades y demandas que los informes oficiales, como los de la ONU o del gobierno nacional, no recogen. Temas como la autonomía territorial, el gobierno propio o las formas tradicionales de autoridad y convivencia son centrales para las comunidades del Pacífico, pero suelen ser omitidos en los marcos institucionales.
En muchos territorios, las comunidades vivían según sus propias normas y con sus representantes elegidos por consenso; hoy, sin embargo, se encuentran gobernadas por actores externos, ya sean grupos armados ilegales o instancias estatales, que carecen de presencia efectiva y de conocimiento del contexto local.
Por ello, estos informes son no solo herramientas de denuncia, sino también actos de memoria, autodeterminación y reivindicación del derecho a gobernarse y decidir sobre sus propios territorios.
En síntesis, los informes alternativos presentados por la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano no solo revelan la gravedad de las condiciones estructurales que afectan al país, sino que reafirman el poder político y epistemológico de los territorios. Son una apuesta por construir paz desde abajo, a partir de metodologías participativas y de una mirada crítica sobre el modelo de desarrollo nacional. La reflexión colectiva que acompañó su lanzamiento recuerda que la paz no se decreta: se teje desde los territorios, con la palabra, la dignidad y la esperanza de los pueblos que habitan el Pacífico colombiano.
